El Estado vende sus solares
Por los solares del Parque de Ingenieros en Villaverde se pueden obtener 60 millones de euros
Juan Carlos Martínez
Las presiones de Bruselas para que España reduzca su déficit han provocado que el Gobierno busque reducir gastos y aumentar ingresos con cualquier partida presupuestaria. Puestos a reducir, las propiedades inmobiliarias se antojan como una buena vía para hacerlo, aunque no sea este el momento más oportuno. Un estudio preliminar ha registrado casi 54.000 bienes, de los que un 67% son rústicos, un 26% corresponden a edificaciones y el 7% restante son parcelas urbanas o urbanizables.
Las dos líneas de actuación pasan, por un lado, por reducir el gasto en arrendamientos, combinando actuaciones de negociación a la baja de los alquileres y reubicación de efectivos en edificios en propiedad, y, de otro, por impulsar procesos de enajenación y puesta en valor de bienes, tanto rústicos como urbanos.
Sepes, Entidad Estatal de Suelo dependiente del Ministerio de Fomento, aglutina buena parte de esos terrenos urbanizables, primero adquiridos y luego puestos en venta una vez urbanizados para acometer sobre ellos actuaciones residenciales, industriales o terciarias.
Cuenta con casi 45 millones de metros cuadrados de suelo industrial y cerca de tres millones para uso residencial. Terrenos que forman parte de los continuos procesos de venta existente. En 2010 Sepes ingresó 71,5 millones de euros por la venta de parcelas. Lejos de los casi 200 millones que se lograban en los años 2006 y 2007, pero por encima de los apenas 40 millones en 2009.
De los 82 lotes que Sepes tiene ahora mismo disponibles, cinco se localizan en la Comunidad de Madrid. Entre ellas, varias en el antiguo Parque Central de Ingenieros, en Villaverde, donde a finales de 2011 se obtuvieron 17 millones de euros por la adjudicación de los tres primeros solares a las cooperativas Casalar, Vitra y Quinta Los Molinos para la construcción de las primeras 465 VPO. Por el conjunto de los solares destinados a acoger las 1.700 viviendas se pueden obtener 60 millones. Tras adjudicar la urbanización hace cinco meses, San José, adjudicataria del contrato por 12 millones de euros, tiene hasta el primer trimestre de 2014 para finalizar las obras.
Navalcarnero, Móstoles y Getafe son otros municipios de la región donde Sepes cuenta con suelo. En el barrio de San Isidro de Navalcarnero hay tres opciones. O 38.374 metros cuadrados de superficie industrial o bien, en la zona residencial de este ámbito, casi 64.000 metros para construcción de nuevas viviendas o 10.200 para un equipamiento comercial. El mismo uso que tiene la parcela de 3.000 metros en Móstoles, con fachada a la autovía de Extremadura (A-5), o las dos que se ofrecen en la zona de San Marcos (Getafe).
El Gobierno deja de arrendar
Desde hace cuatro años, inmobiliarias, family offices y otros grandes inversores en oficinas, como Mutua Madrileña o la Mutualidad de Abogados, capeaban el temporal, con unos niveles de ocupación aceptables y rentas que, en muchos casos, se mantenían altas por los contratos firmados en la época boyante. Pero las rentas a la baja y las rescisiones de contratos están ahora a la orden del día, y ya hay más de dos millones de metros cuadrados disponibles en Madrid.
En este retroceso de la actividad, la situación financiera ha llevado a inmobiliarias como Reyal Urbis a desprenderse de la casi totalidad de su cartera de activos en oficinas para hacer frente a las deudas con las entidades financieras, a través de operaciones de venta o directamente en dación de pago, y otras compañías andan metidas en procesos de rescisiones y renegociaciones de los contratos, como los derivados del proceso de racionalización y uso eficiente del Patrimonio Inmobiliario del Estado, cuyas primeras consecuencias se empiezan a ver.
Colonial, la inmobiliaria catalana presidida por Juan José Bruguera, con uno de los mejores porfolios de edificios de oficinas de alto standing en la capital, ya ha empezado a notar las consecuencias. El Ministerio de Agricultura no seguirá en la calle de Alfonso XII, y no existe la certeza de que el de Exteriores siga en el complejo Torres Ágora, al norte de la capital, junto a la M-30. Desde luego, no lo hará a los ocho millones de euros anuales que paga desde 2004.
